En medio de la polémica, periodistas en Tijuana expresaron su profunda preocupación tras el lamentable incidente ocurrido en la Plaza Loma Bonita, donde el vehículo de la periodista Yolanda Caballero fue incendiado de manera violenta mientras se encontraba realizando una entrevista.
El secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Bujanda, respondierón calificando el hecho como un posible acto de carácter político. Según Bujanda, la presencia de policías y bomberos en la escena era una señal de solidaridad en este periodo político electoral, sugiriendo que se busca afectar la imagen de la alcaldesa Monserrat Caballero.
Este incidente, ha generado fuertes críticas por parte de la comunidad periodística local. Entre ellas, se destacan amenazas previas hacia Yolanda Caballero por parte del exdirector de Comunicación Social, Miguel Ángel Torres Ponce, quien, según denuncias, utilizó presiones, incluso mediante el manejo de publicidad oficial, para lograr el despido de la periodista de una radiodifusora.
Jazzel Aranda, reportero que estivo presente en el atentado, afirmó que el incendio del vehículo no parece ser un hecho aislado, sino más bien un acto que podría tener consecuencias más amplias en el ejercicio periodístico en la región.
Por otra parte, la periodista Isabel Mercado, calificó el suceso como un acto terrorista con la intención de infundir miedo en la periodista afectada y modificar su línea editorial.
De igual manera Atawalpa Garibay, periodista, recordó que durante su administración, Monserrat Caballero no ha garantizado el derecho al ejercicio periodístico ya que los homicidios de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez así como el atentado contra Yolanda Caballero han sucedido durante su periodo.
Ante la gravedad de la situación, la exigencia de una disculpa pública por parte de la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez ha sido planteada por los periodistas locales. Además, se busca esclarecer los hechos y responsabilizar a quienes resulten culpables de este atentado contra la libertad de prensa.
Cabe destacar que este incidente se suma a otros acontecimientos que han marcado la administración de Monserrat Caballero, generando cuestionamientos sobre la seguridad y garantías para el ejercicio periodístico en la ciudad.